La transparencia no es una virtud moderna. Es una de las preguntas más antiguas de la filosofía política: ¿qué le debe la autoridad a quienes la sostienen? ¿Puede el poder ejercerse en la oscuridad y seguir siendo legítimo? Desde los griegos hasta Habermas, los filósofos han intentado responder estas preguntas. Y lo que encontré en esa tradición no me sorprendió: encontré lo que ya sabía desde adentro del Estado, desde el trabajo concreto, desde los años de aprender qué funciona y qué destruye la confianza.
Lo que me sorprendió fue la profundidad del fundamento filosófico. La transparencia no es una buena práctica de gestión. Es una exigencia de la razón práctica. Y entender eso cambia todo.
El principio de publicidad: Kant y la ética del poder visible
En 1795, Immanuel Kant publicó Hacia la paz perpetua, un texto breve pero de una densidad filosófica extraordinaria. En su apéndice, Kant formula lo que llama el principio trascendental de la publicidad —Publizität— con una claridad que sigue siendo insuperada más de dos siglos después:
"Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados."
La elegancia de este principio es su carácter negativo: Kant no nos dice qué debemos publicar. Nos dice que cualquier acción que no podría ser publicada sin destruirse a sí misma es, por esa misma razón, injusta. La publicidad —la transparencia— no es un accesorio del poder legítimo. Es su prueba de fuego.
Pensemos en lo que esto significa para la gestión pública. Toda decisión que tomamos en el Estado —una contratación, una asignación de recursos, una resolución administrativa— debería poder explicarse en público sin vergüenza. Si no puede serlo, algo está mal. No necesariamente algo ilegal. Quizás algo que sencillamente no resiste la mirada de los ciudadanos a quienes les debemos el ejercicio de esta función.
Yo no conozco principio más útil para la práctica cotidiana del servidor público que el de Kant. No como ideología. Como herramienta de diagnóstico: ¿podría defenderlo en público? Si la respuesta es no, vuelvo a pensar.
La esfera pública y la razón comunicativa: Habermas
Jürgen Habermas construyó, en Historia y crítica de la opinión pública (1962) y luego en Facticidad y validez (1992), una teoría política que pone en el centro un concepto clave: la esfera pública —Öffentlichkeit— como el espacio donde los ciudadanos discuten racionalmente los asuntos comunes.
Para Habermas, la legitimidad democrática no viene del voto solamente. Viene de la calidad del proceso deliberativo que precede y rodea las decisiones. Y ese proceso deliberativo es imposible sin transparencia: sin que la información esté disponible, sin que los argumentos sean públicos, sin que el poder pueda ser interpelado y cuestionado.
"Solo puede reclamar validez una norma cuando todas las personas afectadas pueden aceptar las consecuencias y los efectos colaterales que se seguirán, previsiblemente, de su observancia general para la satisfacción de los intereses de cada una."
Lo que Habermas nos dice es que una decisión pública no puede ser legítima si fue tomada sin que los afectados tuvieran acceso a la información necesaria para evaluarla. La transparencia no es un favor que el funcionario le hace al ciudadano. Es la condición de posibilidad de la legitimidad misma.
Esto tiene implicaciones directas para quien trabaja en Recursos Humanos de un organismo del Estado. Cada proceso de selección, cada acto administrativo que afecta a los trabajadores, cada decisión de organización interna —todo eso es, en la teoría habermasiana, materia de la esfera pública. No porque todo deba publicarse en el Boletín Oficial, sino porque debe poder ser explicado, defendido con razones, sometido al escrutinio de quienes tiene derecho a preguntar.
Hannah Arendt y la visibilidad como condición del poder
Hannah Arendt pensó el poder de una manera radicalmente distinta a la tradición. En La condición humana (1958), Arendt distingue entre la fuerza —que es individual, que uno puede tener o no tener— y el poder, que es siempre colectivo, que nace entre personas cuando actúan juntas y desaparece cuando se dispersan.
Pero hay algo más. Para Arendt, el espacio público —la polis griega en su versión filosófica más pura— es el espacio de la aparición: el lugar donde los seres humanos se vuelven visibles como actores políticos, donde sus acciones y palabras cobran realidad porque son vistas y escuchadas por otros.
"El espacio público, en tanto que mundo común, nos reúne en la compañía de los demás y sin embargo evita que caigamos unos sobre otros, por decirlo así. Lo que hace tan difícil de soportar a la sociedad de masas no es el número de personas, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder de reunirlas, relacionarlas y separarlas."
La transparencia, en términos arendtianos, es lo que hace posible ese espacio de aparición. Un poder que se ejerce en la oscuridad no es poder en el sentido arendtiano: es fuerza, es coerción, es dominio. El poder legítimo necesita ser visible porque necesita ser reconocido. Y el reconocimiento solo es posible cuando hay visibilidad.
Esto me parece especialmente relevante para el Estado argentino, que ha sufrido —como toda burocracia en ciertos momentos— la tentación de confundir el poder con el secreto: la idea de que cuanto menos saben los demás, más poder tenés. Arendt nos muestra que eso es exactamente al revés: el secreto destruye el poder porque destruye el reconocimiento que lo sostiene.
El velo de la ignorancia y la justicia institucional: Rawls
John Rawls, en su monumental Teoría de la justicia (1971), propuso un experimento mental extraordinario: imaginemos que debemos diseñar las instituciones de nuestra sociedad sin saber qué lugar ocuparemos en ella. No sabemos si seremos ricos o pobres, mayoría o minoría, con o sin poder. Rawls llama a esto el velo de la ignorancia.
¿Qué tipo de instituciones elegiríamos bajo ese velo? Rawls argumenta que elegiríamos instituciones que protejan a los más vulnerables —el principio de diferencia— y que garanticen libertades fundamentales. Pero hay algo más que se sigue del argumento rawlsiano: elegiríamos instituciones transparentes.
Nadie que pudiera terminar siendo el más débil en un sistema elegiría instituciones que operaran en la oscuridad. La transparencia no es un privilegio de los que tienen poder: es la garantía de quienes podrían no tenerlo.
Rawls también formula explícitamente lo que llama el principio de publicidad en la teoría de la justicia: las concepciones de la justicia deben ser públicamente reconocidas y aceptadas. Una sociedad justa es aquella en la que los principios que regulan la cooperación son conocidos por todos y aplicados de manera consistente. La opacidad, en el sistema rawlsiano, es intrínsecamente injusta.
Cuando pienso en la gestión de recursos humanos en el Estado desde esta perspectiva, la conclusión es clara: los criterios de selección, promoción y evaluación de los agentes públicos deben ser conocidos, consistentes y aplicables de igual manera a cualquier persona independientemente de sus vínculos políticos o personales. No porque sea una buena práctica. Sino porque es lo que la justicia exige.
La anomia boba y el accountability horizontal: Nino y O'Donnell
El problema con los grandes filósofos europeos es que a veces parecen hablar de un mundo que no es el nuestro. Carlos Santiago Nino y Guillermo O'Donnell, dos de los pensadores políticos más importantes que produjo la Argentina, nos dan las herramientas para traer ese debate a la realidad concreta de nuestra administración pública.
Nino, en Un país al margen de la ley (1992), diagnosticó lo que llamó anomia boba: la tendencia generalizada en la Argentina a incumplir las normas como estrategia individual —cada uno cree que, si él no cumple y los demás sí, sale ganando— que produce como resultado colectivo un país que funciona peor para todos. La anomia boba no es corrupción en sentido estricto. Es la cotidiana indiferencia ante las reglas que, acumulada, destruye la institucionalidad.
"La anomia es la situación en la que las normas que rigen la conducta son débiles o están ausentes, de manera que los individuos actúan basándose en sus intereses inmediatos sin reconocer restricciones de tipo comunitario."
El antídoto a la anomia no es la represión: es la institucionalidad. Es construir organismos donde las reglas se cumplan y se vea que se cumplen. Donde la transgresión tenga costos. Donde el cumplimiento sea valorado. En eso consiste, en gran medida, el trabajo de quien lidera Recursos Humanos en un organismo público: ser el constructor y guardián de esa institucionalidad.
O'Donnell, por su parte, desarrolló el concepto de accountability horizontal: la rendición de cuentas no solo ante los ciudadanos en cada elección —accountability vertical— sino entre las agencias del propio Estado. Un sistema de frenos y contrapesos reales, donde los organismos se controlan mutuamente, donde ningún funcionario está por encima de la ley que administra.
La Argentina ha tenido históricamente déficits severos de accountability horizontal. Los organismos del Estado no siempre se controlan entre sí. Los mecanismos de transparencia no siempre funcionan. Pero eso no es una razón para la resignación: es exactamente la razón para que quienes trabajamos desde adentro tomemos en serio nuestra responsabilidad de construir lo que falta.
Alberdi y la tradición constitucional argentina
Juan Bautista Alberdi sabía, cuando escribió las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (1852), que el mayor problema de la Argentina no era la falta de leyes. Era la distancia entre las leyes escritas y la realidad de su aplicación. Alberdi llamó a eso el "constitucionalismo de papel".
Su propuesta era construir instituciones que obligaran al Estado a dar cuenta de sus actos. No porque los gobernantes fueran necesariamente corruptos, sino porque la naturaleza del poder exige contrapesos. "Gobernad de modo que el gobernado pueda siempre ver lo que hacéis" es la síntesis alberdiana de lo que hoy llamamos transparencia.
"La libertad es el fruto del orden. Y el orden es el resultado de que cada uno haga lo que debe, en el lugar que le corresponde, según la ley que se ha dado."
La tradición constitucional argentina tiene en su ADN la idea de que el poder debe ser visible y controlable. Lo que a veces falla no es el principio: es la distancia entre el principio declarado y la práctica concreta. Cerrar esa distancia es el trabajo de quienes ejercen funciones públicas con vocación genuina.
Una síntesis personal: lo que veinte años en el Estado me enseñaron sobre estos autores
No llegué a Kant, a Habermas o a Arendt para luego aplicarlos al Estado. Llegué al Estado primero, aprendí desde adentro lo que funciona y lo que destruye la confianza, y luego —cuando tuve tiempo y ganas de leer— encontré en esos autores el fundamento de lo que ya sabía.
Lo que supe desde temprano, desde los primeros años en la función pública, es que la opacidad envenena todo lo que toca. No solo porque genera corrupción —aunque genera corrupción. Sino porque destruye la confianza que hace posible el trabajo colectivo. Un organismo donde nadie sabe por qué se toman las decisiones, donde los criterios cambian según el viento, donde los procesos son opacos, es un organismo donde nadie confía en nadie y donde, por ende, nada funciona bien.
La transparencia no es un sacrificio que el funcionario hace. Es la condición de su propia eficacia. Cuando los equipos confían en que las reglas son claras y se aplican igual para todos, trabajan mejor. Cuando los ciudadanos confían en que el organismo actúa con integridad, la relación funciona. Cuando el propio funcionario puede defender en público cada decisión que toma, duerme mejor.
Kant tenía razón: la prueba de una acción justa es que pueda ser publicada sin destruirse. No como eslogan. Como criterio de trabajo diario. Como la pregunta que me hago antes de cada decisión que importa.
La Argentina tiene una historia difícil con la transparencia institucional. Nino lo vio con claridad: somos expertos en construir normas que luego nadie cumple, empezando por quienes las administran. Pero eso no es una condena. Es un diagnóstico. Y los diagnósticos existen para ser tratados.
El tratamiento, en mi experiencia, no viene de afuera: no viene de auditores externos ni de organismos de control que llegan cuando el daño ya está hecho. Viene de adentro, de personas que eligieron trabajar en el Estado no por lo que pueden obtener de él sino por lo que pueden construir en él. Que entendieron, como entendió Alberdi, que la libertad es el fruto del orden. Y el orden, en el Estado, es el fruto de la transparencia.
Llevo más de veinte años ejerciendo esa convicción. No siempre es fácil. Hay momentos en que el sistema presiona en la dirección contraria, en que la comodidad de la opacidad parece más razonable que el esfuerzo de la visibilidad. En esos momentos recuerdo a Kant: si no podés publicarlo, preguntate por qué. Y si la respuesta no es buena, no lo hagas.
Es una regla simple. Pero es la que, aplicada consistentemente, construye la única cosa que no se puede comprar ni decretar: la confianza de la gente en las instituciones que les pertenecen.
